¿El Estado es una asociación voluntaria? Contestación a Tsekub

Tsekub ha planteado que según los supuestos anarquistas de mercado acerca de las relaciones laborales, debería de hacerse una analogía y determinar que el estado es legitimo, dado que quien no quiera someterse a su dominio, generalmente, puede irse del mismo.

Esta muy bien su argumentación, sobre todo si la comparamos con la no argumentación de ciertos foreros, también anarco-colectivistas, de a las barricadas. Pero tengo que decir que no es esencialmente nueva. No obstante, creo que estaría muy bien responder, así que voy a resumir los argumentos en contra de su afirmación.

En primer lugar Tsekub plantea más o menos nuestra postura sobre las relaciones salariales, en las que ambas partes voluntariamente deciden participar:

hay coacción si y sólo si el capitalista obligase, mediante la fuerza física, al trabajador a permanecer en su lugar de trabajo y a trabajar.

Efectivamente no existe coacción cuando la relación es voluntaria, es la diferencia entre trabajar a cambio de un pago (intercambio de valor por valor) y trabajar bajo amenaza del uso de la fuerza (esclavitud). Aunque no es el objeto de este post centrarme en este tema, hay que tener en cuenta que el poder político como autoproclamado distribuidor de títulos de propiedad en la sociedad genera escasez en la oferta de trabajo, esta restricción en la competencia influye poderosamente en reducir las alternativas del asalariado, haciendo que muchas empresas puedan permitirse ofrecer pesimas condiciones laborales, en lugar de competir para atraer trabajadores.

Tambien cabe aclarar que la necesidad no confiere derechos, tú no tienes el derecho a imponerme obligaciones unilaterales en base a tus necesidades. No existe un derecho al "trabajo para vivir", que implicaría la agresión hacia otros individuos, sino que existen los derechos a que nadie te impida por la fuerza contratar libremente para emplearte, emplear, vender y comprar para obtener un beneficio legitimo y a que se respeten los contratos voluntarios, lo cual incluye el pago integro de lo acordado. El jurista anarquista Lysander Spooner diferenciaba entre dos tipos de deberes - la otra cara de los derechos, desde el punto de vista de la otra parte-, por un lado los "deberes legales" (no usar la violencia ofensiva, no defraudar, pagar las deudas) que son exigibles mediante la fuerza defensiva, y los deberes morales (ayudar a los necesitados, etc) que no son exigibles por la fuerza:

"El hombre tiene ciertamente para con sus semejantes muchos otros deberes morales; así, tiene que alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cobijar a los que no tienen techo, cuidar a los enfermos, proteger a los indefensos, ayudar a los débiles, enseñar a los ignorantes. Pero estos deberes son simples deberes morales, y con relación a ellos cada hombre es el único juez capaz de decidir por sí mismo, en cada caso particular, cómo y hasta que punto podrá o querrá cumplirlos. Las cosas son diferentes cuando se trata de sus deberes legales -, estos que consisten en una conducta honesta en lo que se refiere a sus semejantes: en este punto, sus semejantes tienen no solamente el derecho a juzgar, sino, en vistas a su propia protección, el deber de hacerlo. Y, en caso que sea necesario, tienen el derecho de obligarlo a cumplir sus deberes legales; lo que se podrá hacer ya sea a título individual o por concertación. Del mismo modo, lo podrán hacer al momento, si la situación lo exige, o después de deliberarlo, y de manera sistemática, si lo juzgaran bueno, y la situación lo permite".

Que un empleador sea un cafre, y que tú no tengas mas remedio que, al menos momentáneamente, trabajar para él, puesto que tu situación es, hipotéticamente hablando, realmente desesperada y no existen otras opciones (de nuevo aclaro que es una hipótesis), no te da derecho a imponerle obligaciones especiales en base a tu necesidad, más allá de los generales derechos de propiedad (no agredirte, etc...) y de aquello que ambos habéis acordado voluntariamente.

Por ejemplo, un convenio colectivo impuesto por el estado a través de carteles de obreros y empresarios (los llamados "agentes sociales"), no es un contrato voluntario. El acuerdo debe de hacerse en virtud de la voluntad las personas interesadas (como en cualquier otro ámbito), o en otras palabras "si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti".

Además, ¿Sería mejor para ti si no existiera la opción de trabajar para el cafre? ¿Estaría en mejor posición sin él (dadas las desesperadas condiciones en las que hipoteticamente te encontrarías)

Volviendo al centro del asunto, te diré que pasas por alto el problema de la legitimidad de la propiedad. El asunto central del libertarianismo, no es la defensa a ultranza de los títulos de propiedad legitimados por el estado, sino la de aquella "propiedad natural" que nace de la transformación originaria de la cosa en cuestión y del intercambio voluntario, por contrato, con otros propietarios naturales, o que a su vez consiguieron esta por comercio libre.

Aplicando esto a tu propuesta, es históricamente incontestable que este proceso de adquisición de la propiedad no ha sido el que ha seguido ningún estado, sino la arbitraría reclamación de jurisdicción, la injusta distribución y reconocimiento de muchos títulos de propiedad, o directamente el expolio mediante la guerra y la represión popular. En base a esto, los estados serían propietarios ilegítimos del territorio y bienes que declaran bajo su jurisdicción, por lo que su legislación e impuestos, en modo alguno pueden ser considerados deribados de un legitimo derecho de propiedad.

Hace poco tuvimos una discusión parecida, causada por la comparación del comentarista Bastiat entre un estado y una comunidad de vecinos, en el blog de Albert Esplugas en la que este sostuvo muy acertadamente, (aunque sin llevar el argumento hasta sus ultimas consecuencias, puliendo así algunas contradicciones del liberalismo clásico de siglos pasados):

"El Estado se arroga un derecho sobre nuestras propiedades por ubicarse éstas en un determinado territorio, y luego nos dice que podemos votar aspectos varios de su gestión sobre ese territorio. Comparar una comunidad de vecinos con el Estado es como comparar una comunidad de vecinos con la mafia: el mafioso puede decirte que o le pagas impuestos o te echa del barrio. Y puede también dejarte participar en la gestión de algunas actividades vecinales. La cuestión es que el mafioso no tiene ningún derecho sobre tu propiedad porque no ha mediado consentimiento, aunque estés en "su" territorio, como tampoco lo tiene el Estado, que clama tener jurisdicción sobre tu propiedad sin que haya mediado consentimiento por tu parte".

"¿La permanencia en un determinado territorio implica aceptar el dominio del Estado sobre ese territorio? Hay quien razona del siguiente modo: si alguien no quiere someterse a los dictados del Estado que rige el territorio es muy libre de marcharse a otro lugar; si se queda está aceptando tácitamente su legitimidad. Pero permanecer en un país sólo implica consentimiento tácito si se asume que el Estado tiene en primer lugar un derecho sobre ese territorio. ¿De dónde se sigue el Estado tiene con carácter previo un derecho de propiedad sobre todo el territorio nacional? La respuesta no puede ser "porque la población consiente tácitamente al quedarse en el país", pues ésta sería la consecuencia de que el gobierno tuviera ese derecho, luego no puede ser su causa. Dicho de otro modo, es como si el mafioso de un barrio exige a un individuo que ha abierto un negocio en la zona que le entregue una parte de sus ingresos. ¿Es legítima la acción del mafioso por el hecho de que el individuo haya decidido abrir el negocio en este barrio y no en otro? Obviamente no, porque el mafioso no tiene ningún derecho a extorsionarle en primer lugar. El mafioso no es el dueño del barrio, lo mismo que el Estado no es el dueño del territorio."

Dicho esto, imaginate el anti-estatismo libertariano como una consecuencia lógica de la defensa de la propiedad natural. El anarquismo de mercado es, en último termino, una reacción contra el crimen, lo que comprende la expropiación y reclamación indebida de títulos de propiedad, jamas adquiridos mediante la transformación original ni el intercambio voluntario entre las partes.

Por tanto el estado no es un propietario legitimo[1] y sus impuestos no son rentas, ni sus leyes normas emanadas del derecho de propiedad. El estado es la antítesis de ello.

[1] He obviado en la entrada toda la problemática de la legitimidad de los títulos de propiedad de determinadas corporaciones y empresarios pro-estatistas, y he respondido sobre la legitimidad de la propiedad del estado.